Artículo de Pello Guerra en Naiz.
A lo largo de la historia, las diferentes instituciones vascas han
defendido el euskara como uno de los principales patrimonios de Euskal
Herria. Desde el Consejo del Reino de Nafarroa, hasta las juntas y
diputaciones, durante siglos se ha promovido la presencia de
funcionarios que conocieran la lengua del país para que la ciudadanía,
mayoritariamente euskaldun, pudiera participar en cualquier acto
administrativo y recibiera educación en euskara.
La defensa del euskara por parte de las instituciones vascas ha sido una
constante a lo largo de los siglos. Así quedó en evidencia en las
jornadas internacionales sobre “El euskara en las altas instituciones de
gobierno a través de la historia” que se celebraron en la UPNA y de las
que se han publicado recientemente sus actas en un libro con el mismo
título.
Ese
deseo de proteger y fomentar la lengua que hablaba la mayor parte de la
población sobre la que gobernaban ya quedó patente en el siglo XVI.
Mientras en la Nafarroa conquistada el euskara empezaba a ser perseguido
por las autoridades españolas, en la parte del reino todavía
independiente al norte de los Pirineos, los reyes de la dinastía Albret
mostraban su sensibilidad hacia la lingua navarrorum. Así, en el Consejo
Real, el conocimiento de la lengua vasca era «requisito indispensable
para el desempeño de los principales oficios, como eran los de consejero
y procurador general», al igual que el origen navarro, según señala el
historiador Álvaro Adot. Esta norma se mantuvo vigente hasta 1624,
cuando el citado órgano desapareció a consecuencia de la creación del
Parlamento de Nafarroa durante el reinado de Luis XIII. En la nueva
institución se suprimieron esos dos requisitos para formar parte de
ella.
Ese modo de proceder del monarca formaba parte del proceso
de integración de la Nafarroa independiente en Francia que había puesto
en marcha el sucesor de Enrique III de Nafarroa y IV de Francia, y que
puso fin al impulso que había recibido el euskara en ese territorio
durante el gobierno de la dinastía Albret. En concreto, bajo su cetro se
publicaron algunos de los primeros libros en lengua vasca, como el
“Testamentu Berria” de Joanes de Leizarraga, que fue promovido por la
misma reina Juana.
El texto de Leizarraga fue consecuencia de los nuevos
tiempos que se vivían en el ámbito religioso. La Reforma propugnaba que
las sagradas escrituras se tradujeran del latín a las lenguas vulgares
para que el pueblo las pudiera entender. De esta manera se hacía patente
una realidad lingüística que no se recogía de forma oficial, ya que la
documentación de las distintas instituciones de esa época se recogía en
latín, castellano, francés e incluso en occitano dependiendo de momentos
y lugares, y donde no tenía espacio el euskara. Sin embargo, en la
calle era la lengua predominante en la mayoría de los territorios, lo
que exigía un proceso de traducción para que la población entendiera las
decisiones de los distintos poderes.
Los sacerdotes como traductores. En este
terreno de la mediación lingüística destacó el papel de los sacerdotes,
ya que se manejaban en las dos lenguas. Al menos desde el siglo XIV, la
Iglesia dispuso que «los fieles debían ser atendidos en su propio
idioma. Por lo tanto, la casi totalidad de los curas, beneficiados y
capellanes que ejercían en las comarcas vasco hablantes lo eran
igualmente, independientemente de que además supiesen latín y
castellano, o francés o gascón en su caso», según señala el historiador
Juan Madariaga en la citada obra.
Aprovechando que el conjunto de la comunidad se reunía el
domingo en la misa, los curas se encargaban de traducir al euskara y de
dar a conocer desde el púlpito en esa lengua a sus feligreses
disposiciones eclesiásticas y mandatos institucionales de las
autoridades civiles (reales órdenes, mandatos de ayuntamientos sobre
quemas de rastrojos, herencias, embargos, subastas...), para que nadie
pudiera alegar ignorancia de los mismos. Esa mediación lingüística fue
conocida como “publicata” y los sacerdotes cobraban de los ayuntamientos
un promedio de unos 12 reales por año por las traducciones que tenían
que ver con cuestiones relacionadas con las autoridades civiles. Este
trabajo de traducción impulsado por los consistorios recurriendo a los
sacerdotes se mantuvo hasta comienzos del siglo XIX, cuando las
autoridades eclesiásticas pusieron fin a esa práctica.
Otro ámbito en el que también las instituciones vascas
tuvieron en cuenta el uso del euskara fue en el de la Administración de
Justicia. Así, en el Fuero Nuevo de Bizkaia (1526) se establecía que en
los procesos judiciales, los testigos «que no supieren la lengua
castellana, los examine y tome con otro receptor e intérprete». Ese
derecho a la utilización del euskara por parte de la población en los
procesos se recogía también en el fuero de Gipuzkoa de 1696, la Novísima
Recopilación de los fueros de Nafarroa, los cuadernos de hermandad de
Araba y las recopilaciones de Lapurdi y Zuberoa, según detallan los
expertos Iñigo Urrutia y Xabier Irujo.
Los receptores de los tribunales eran los encargados de
recoger los testimonios de los testigos inmersos en procesos judiciales y
por ese motivo, en los pueblos vascongados era fundamental que
conocieran euskara. Esa circunstancia hacía que los aspirantes a
desempeñar ese cargo «debían ser examinados y aprobados en lengua
vasca», según señala el experto Roldán Jimeno.
Ese dominio del euskara era fundamental para evitar
inexactitudes y fraudes que podían derivarse del uso de intérpretes. Por
ese motivo, se establecieron dos turnos de receptores: los romanzados y
los que dominaban el euskara además del castellano. En Nafarroa, los
primeros tenían como ámbito de actuación desde Tafalla hacia el sur y
los receptores euskaldunes, desde esa ciudad hasta el norte. La división
generó más de una disputa entre receptores, ya que los romanzados se
quejaban de que los euskaldunes tenían más territorio de trabajo.
Esta situación se rompió en el siglo XVIII a consecuencia
del centralismo de los reyes borbónicos. En 1766 se prohibió la
impresión en otras lenguas que no fuera el castellano, al año siguiente
se obligó a una enseñanza monolingüe en esa lengua a todos los niveles y
en 1778 se impusieron comisarios romanzados en los pueblos vascongados.
Pulso por la educación. En el ámbito de la
educación, ese afán por controlar desde el Estado la enseñanza para
imponer el castellano entre los euskaldunes supuso la aparición de la
práctica del “anillo escolar”. Esta consistía en castigar a los alumnos
que hablaban en euskara. Un anillo era entregado al estudiante que había
sido sorprendido hablando en lengua vasca y este podía deshacerse de él
denunciando a un compañero que también hubiera empleado el euskara, y
así hasta terminar la jornada. El último que tenía el anillo era
castigado.
El problema se fue agravando porque esta práctica llegó a
extenderse incluso fuera de la escuela, lo que motivó quejas por parte
de los ayuntamientos. En un intento por proteger el euskara, los
consistorios hacían todo lo posible por conseguir profesores
euskaldunes, a los que incluso se animaba a enseñar en las dos lenguas,
buscando el bilingüismo.
Esta competencia municipal que protegió el euskara en la
enseñanza se vio amenazada en el siglo XIX por la ley de instrucción
pública (1857), ya que implantó la estatalización del profesorado,
aunque las diputaciones consiguieron mitigar en parte ese problema, de
forma que se mantuvo el bilingüismo en la educación, según recogen
Urrutia e Irujo.
Unos años más tarde, el euskara incluso llegó a convertirse
en la lengua vehicular de la enseñanza. Fue durante la Segunda Guerra
Carlista (1872-1876) y en esa época, la lengua vasca fue el idioma
oficial de la Administración en la zona controlada por los partidarios
de Carlos VII. Así, las juntas de instrucción de Bizkaia y Gipuzkoa
marcaron sendas directrices para promover la enseñanza en euskara.
Pero la derrota carlista supuso la supresión de los Fueros
en las Vascongadas, lo que eliminó los mecanismos empleados hasta
entonces como cortafuegos al intento de aplicar un régimen monolingüe en
la enseñanza. Ante esa amenaza, las diputaciones de Araba, Bizkaia,
Gipuzkoa y Nafarroa reaccionaron formando un frente común para seguir
contando con profesores bilingües. A pesar de ello, desde Madrid se
continuó con la política uniformadora en favor del castellano y se
siguió empleando el denigrante método del “anillo escolar”.
Tan solo en tiempos de la Segunda República española y a
través del Estatuto para Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, se recuperó el
bilingüismo educativo, ya que el euskara se convirtió en lengua oficial
en esos territorios junto al castellano. Pero la Guerra del 36 y la
posterior dictadura franquista pusieron fin a esa situación, que se
equiparó a la ya existente en Nafarroa.
Tras la muerte de Franco, llegarían el Estatuto de Gernika
para la CAV (1979) y el Amejoramiento para Nafarroa (1982). En el
primero de ellos, el euskara volvía a ser lengua oficial en ese
territorio, mientras que en el caso navarro, tan solo se daba carácter
oficial a ese idioma en las zonas vascófonas, cuestión que quedó
regulada por la Ley del Vascuence de 1986, en la que se establecía la
actual zonificación del herrialde.
